Vistos los datos del precio de la renta de alquiler y el número de contratos que se han firmado en Catalunya en 2022, desde API Catalunya se considera que es urgente acabar con la incertidumbre y conocer lo antes posible si se van a aprobar y cuáles serán las reglas de la regulación de las rentas de alquiler, así como los estímulos fiscales que se prevé regular en la ley de vivienda.
La inseguridad jurídica por las reiteradas prórrogas de medidas coyunturales sobre desahucios, por una parte, y el anuncio, de hace más de un año, de una regulación de contención de rentas en la ley de vivienda estatal sumado al contexto económico del incremento de los tipos de interés no puede hacer otra cosa que empeorar la situación de tensión en la demanda.
Las cifras constatan un descenso generalizado de la firma de contratos de alquiler, que llega a suponer una caída de más del 15% de los contratos firmados en la ciudad de Barcelona respecto al 2021, (de 57.158 a 47.927). Además, se corrobora el fuerte incremento de las rentas de forma global, lo que indica la necesidad por parte de todas las Administraciones, desde la estatal a la local, de apostar decididamente por aumentar el presupuesto dedicado a vivienda para revertir la situación.
Los presupuestos estatales aprobados para el año 2023, especialmente para los programas de apoyo a las familias con más dificultades para acceder a una vivienda, y la previsión presupuestaria en el presupuesto de Catalunya, resultan unas cifras irrisorias para hacer frente al reto de procurar una vivienda digna y adecuada al ciudadano.
7 de marzo de 2023 – API Catalunya ha analizado los datos publicados durante el día de hoy por la Generalitat de Catalunya sobre las cifras del mercado del alquiler durante el 2022, que muestran que en el conjunto del año el número de contratos de alquiler firmados registró una caída interanual del -16,15%. Estas cifras son fruto del retroceso del mercado de alquiler de 2022 en comparación con un 2021 que registró una fuerte recuperación post COVID y un 2019 de cifras récord prepandemia. El precio medio del alquiler en Barcelona fue de 1.026,86 € en 2022, lo que arroja un incremento interanual del 11,76%, la mayor subida interanual de la serie histórica.
Falta oferta de alquiler para reducir la tensión en el mercado
“Vistos los resultados del volumen de contratación de 2022 y ante la evidencia de que toda contracción de la oferta tiene una repercusión directa en precios al alza, las políticas de vivienda deberían priorizar el fomento de la vivienda de alquiler impulsando la oferta a través de los diversos instrumentos que desde hace años tienen implementados otros países del ámbito europeo y con ayudas directas a los hogares que no pueden asumir los precios de mercado”, subraya Carles Sala, portavoz del API Catalunya.
“La tensión del mercado del alquiler de Barcelona es síntoma de la elevada demanda inmobiliaria. El contexto de los tipos de interés actual va a tensionar aún más la demanda de alquiler, que no va a encontrar otra solución que la proporcionada por los propietarios privados que aún confíen en poner sus viviendas en alquiler. El contraste entre una oferta que huye del mercado de alquiler, una dinámica demográfica en expansión, una geografía compleja y una capital con cierto magnetismo internacional forman un contexto que va tensando día a día los precios del mercado de alquiler”, indica Sala.
Peticiones a las Administraciones
Por otra parte, a pocos días de la previsión de la aprobación del presupuesto de la Generalitat, y sólo a tres meses de las elecciones municipales, los API inciden en que “los Ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya deben destinar una cantidad recursos presupuestarios proporcional a las necesidades actuales en vivienda”. “No puede ser que el debate político afirme que las políticas públicas de vivienda son fundamentales y después no se destine el dinero necesario para esta materia”, lamenta Carles Sala. “Tanto el aumento del parque de viviendas de alquiler asequible como programas especializados para el pago del alquiler por parte de colectivos vulnerables deben ser una prioridad para las administraciones públicas”.
En este sentido, Sala asegura que “es fundamental que se implanten medidas para estimular a los propietarios a alquilar sus viviendas. Los cambios legislativos en la duración de los contratos que ha reducido la rotación, y la continua prórroga de las medidas COVID van en detrimento de la oferta en zonas tensionadas por la alta demanda”.
