Hemos hecho llegar a los medios de comunicación un comunicado a raíz de la publicación del estudio «Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler», presentado y realizado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).
Aquí tienes el texto íntegro:
NOTA DE PRENSA
Jueves, 3 de junio de 2024 – Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña hacen llegar el siguiente comunicado de prensa a los medios de comunicación a raíz de la publicación del estudio “Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler”, presentado este miércoles y realizado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA):
Desde el colectivo API rechazamos el estudio, realizado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), por la falta de seriedad y rigor. La ficha técnica del estudio pone de manifiesto dos cuestiones que distorsionan claramente su objetividad. Por un lado, la encuesta de Barcelona se ha realizado en colaboración con el Sindicato de Alquiladoras de Cataluña y la encuesta de Madrid, con el Sindicato de Inquilinas de Madrid; entidades que tienen una obsesión desde hace tiempo frente a los agentes inmobiliarios. En segundo lugar, la misma ficha técnica habla «de encuesta no probabilística», esto implica un muestreo por conveniencia, en el que ha participado personas que conocen a los «investigadores», y por tanto, las conclusiones a las que llega el estudio tienen un sesgo fruto del prejuicio de las entidades colaboradoras y de la muestra seleccionada.
Esta falta de rigor científico y de estilo tendencioso queda patente en párrafos del informe como el siguiente: “Los datos revelan un alto porcentaje de cobro ilegal de honorarios aún después de la ley aprobada en 2023, aunque no llegan a ser estadísticamente significativas por falta de casos efectivos.” Es decir, el IDRA asegura un presunto “hecho” sin datos que lo demuestren por un interés demagógico y obsesivo contra los profesionales del sector.
Además en el estudio no se reflexiona sobre las causas de determinadas conclusiones, así, no se han planteado sobre la mayor presencia de inmobiliarias en el mercado de alquiler en Barcelona, respecto a Madrid, en el que hay que subrayar factores como : la inseguridad jurídica; la regulación, formación y profesionalidad de los agentes inmobiliarios, gracias al Registro obligatorio; y el miedo de los propietarios a colgar un letrero en la ventana o balcón para decir que una vivienda está en alquiler.
- Inseguridad jurídica: En Cataluña existen más normas restrictivas contra el propietario y existe una legislación, desde 2015, con figuras como el alquiler social obligatorio, la cesión de viviendas e, incluso, la expropiación. En Madrid, hasta la aprobación de la Ley de Vivienda, en 2023, no ha habido normas procesales que dificulten la recuperación de la posesión.
- Regulación, formación y profesionalidad. En Cataluña existe una ley de vivienda y un registro de profesionales inmobiliarios que garantiza más transparencia, información obligada y mayor seguridad gracias a los seguros de caución y responsabilidad civil del agente inmobiliario.
- Pánico de los propietarios a colgar un rótulo de alquiler: En Cataluña hay un pánico absoluto en poner rótulos de “Se alquila” por si se producen okupaciones de las viviendas.
Por otro lado, el estudio habla de variables analizadas como la discriminación en el acceso, cobro de honorarios, insatisfacción, problemas con el propietario, subidas de precio, sensación de inestabilidad residencial, desinformación. Todas las variables citadas, salvo el cobro de honorarios, se producirían igualmente sin la intervención de un profesional. Además, se darían otras muchas casuísticas negativas por el arrendatario que, gracias a los API, no suceden y que se están dejando de lado en el informe porque los autores del estudio no tienen interés en mencionarlas.
En este contexto, no debe perderse de vista que la responsabilidad de los profesionales del sector inmobiliario es trabajar para proporcionar el mejor servicio a sus clientes, ya sean propietarios o arrendatarios. Por tanto, las acusaciones de discriminación son graves y no reflejan la realidad de nuestro sector. No son los API los que discriminamos, sino que hay factores que conllevan determinadas conclusiones como los siguientes:
- La alta demanda de alquiler, y la cada vez más escasa oferta, situación que viene dada especialmente por las condiciones regulatorias y que provocan que se busquen a los candidatos más solventes para formalizar un contrato de alquiler.
- Las aseguradoras de las cuotas de alquiler, dado el contexto regulatorio actual, que reclaman al propietario unas exigencias determinadas para proceder al alquiler.
Ya venimos diciendo desde hace meses, que la contención de rentas y otras medidas restrictivas, a quienes más perjudica es a las personas que no tienen ingresos recurrentes, porque les supondrá una barrera de acceso al mercado de la vivienda. De la misma forma que no pueden obtener financiación hipotecaria, no pueden acceder a las condiciones de seguro de alquiler. Por tanto, el control de rentas beneficia a corto plazo a quien vive de alquiler, pero en cambio resulta letal para quien quiere acceder al mercado de alquiler, especialmente a los más vulnerables.
En relación a si las inmobiliarias están cumpliendo con la prohibición de cobrar honorarios a los inquilinos, aparte del párrafo que ya hemos destacado del estudio que habla de “falta de casos efectivos” desde el primer día las indicaciones de los API se han hecho para que las inmobiliarias apliquen la legislación vigente, pese a la contradicción entre la ley catalana y la ley española. Cualquier insinuación de una práctica generalizada contra esta cuestión es infundada y atenta contra la reputación de un gremio profesional. Y, de hecho, los API han reiterado la necesidad de regularizar la profesión, petición que se viene haciendo desde hace años y que permitiría mejorar garantías a los consumidores y la no existencia de estudios tendenciosos sin base estadística.
Además, ni en el Colegio ni en la Asociación se han recibido quejas ciudadanas al respecto. Incluso, se pidió en su día que la Agencia Catalana del Consumo nos comunicara incidencias en esta cuestión para colaborar, y hasta la fecha de hoy no se ha recibido ninguna incidencia.
Por último, los API lamentan que un organismo como el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), que debería trabajar para dar información verídica sobre la ciudad para una mejor comprensión de su realidad urbana y sus necesidades en áreas tan importantes como la transición ecológica o la democracia económica, derroche sus recursos en la elaboración de informes sesgados, de carácter tendencioso y sin ningún rigor científico.
