El Parlamento registró el miércoles una proposición de ley para limitar los precios de alquiler de las viviendas, una normativa que, como ya reclamamos el pasado marzo, agravará el acceso a la vivienda.
Por este motivo, hemos hecho llegar dos notas de prensa a los medios de comunicación en las que dejamos claro que, evidentemente, el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social.
Te hacemos llegar, por un lado, el texto que hemos trasladado como Colegio de API de Barcelona conjuntamente con otros colectivos afines (la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida) y, por otro, la nota que hemos enviado desde nuestros organismos de alcance catalán, el Consejo de Colegios de API de Cataluña y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
Continuaremos haciendo oír nuestra voz y reclamando nuestra participación en el desarrollo de normativas que protejan al consumidor y faciliten el acceso universal a la vivienda a la vez que consoliden la figura del API como referente en la actividad inmobiliaria. Como colectivo de agentes inmobiliarios con más trayectoria y representatividad en este sector, tenemos mucho que decir.
