El Decreto ley de la Generalitat 5/2019 de 5 de marzo de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda quedará sin efecto, ya que el Govern ha decidido excluir su convalidación del orden del día de la sesión Plenaria del Parlamento por la falta de soporte. Eso significa que perderá vigencia y no hará falta incorporar en los contratos de alquiler la referencia de los índices de los precios de alquiler que dicho Decreto exigía.
Así pues,los objetivos fijados según la propia Generalitat que anunció en su página web y que a continuación reproducimos,quedan pendientes de un nuevo desarrollo y de encontrar el consenso político necesario para ponerlos en marcha : Hacer frente al déficit de viviendas
- Nuevos derechos de adquisición preferente a favor de la Generalitat, en el caso de transmisiones onerosas de suelos privados que formen parte de las reservas de protección pública o de inmuebles con viviendas alquiladas que se vendan enteros.
- Los ayuntamientos y la Generalitat podrán adquirir suelos mediante el derecho de tanteo y retracto o mediante la expropiación forzosa.
- Prevé que los municipios con demanda residencial fuerte impulsen, en el plazo de dos años, la construcción de viviendas de protección pública para destinarlas al régimen de alquiler.
Combatir las situaciones de emergencia y los desahucios
Se podrán poner multas coercitivas o bien se podrán expropiar a precios reducidos:
- Los pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos.
- Los que formen parte de edificios en construcción pendientes de terminar desde hace más de dos años con obras ejecutadas en más del 80%.
Los contratos de alquiler tendrán que incluir el Índice de Referencia
- Será obligatorio consignar en la publicidad y en los contratos el Índice de Referencia del precio del alquiler, que informa sobre la media del precio de alquiler de una vivienda de características similares en el mismo entorno urbano.
- Sólo los arrendadores de las viviendas alquiladas con rentas inferiores a este índice se podrán beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler.
