En el BOE de este pasado sábado 11 de abril se publicó una orden ministerial que, según se indica en su preámbulo, tiene como finalidad desplegar los artículos 10,11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Sin embargo, la realidad es que incorpora medidas que escapan a las consecuencias directas de la crisis del COVID-19.
En el apartado 3 del artículo 4, en el que se detalla el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, se abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada ante la imposibilidad de dar cobertura a la necesidad habitacional de los colectivos vulnerables descritos, ya sea mediante viviendas de titularidad pública o privadas, previamente cedidas voluntariamente a la administración pública. Una afectación de estas características solo podría llevarse a cabo por medio de un proceso expropiatorio, motivo para cuestionar la constitucionalidad de la medida.
Así, se incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas. Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias sobre las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada, protegido en el articulo 33.1, que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida.
En este sentido se ha expresado el Consejo General de Colegios de API de España, que ha enviado este comunicado a los medios de comunicación para advertir del tema.
